Integrantes del Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) adscritos a la región de la Sierra de Flores Magón, alzaron la voz para denunciar una serie de presuntas irregularidades, malos tratos y abuso de autoridad cometidos desde la Coordinación Regional, a cargo de Sheila García Martínez.
De acuerdo con los testimonios presentados por el propio personal, existe una profunda inconformidad por las decisiones vertidas recientemente sobre la permanencia y evaluación del desempeño de los educadores comunitarios, de manera particular en el programa de Educación Inicial.
Desplazamiento de personal y favoritismo
Los denunciantes señalaron que la administración regional está utilizando el argumento de la “terminación de convenio” para remover de sus cargos a educadores que cuentan con una amplia trayectoria, formación y experiencia en las comunidades más vulnerables.
A la par de estos despidos, los afectados aseguran que existe un trato preferencial hacia personas cercanas a la coordinación, a quienes presuntamente se les otorgan facilidades y garantías de continuidad sin cumplir con los mismos estándares de exigencia.
Asimismo, manifestaron ser víctimas de presiones constantes para acatar órdenes de manera incondicional y sin posibilidad de réplica, situación que ha generado un clima laboral hostil, dominado por el temor a represalias e incertidumbre entre el personal de campo.
”Nuestra intención no es afectar el funcionamiento de la institución, sino exigir condiciones de respeto, trato digno, transparencia y equidad para quienes atendemos a las comunidades marginadas.”
Exigen intervención de autoridades nacionales
La principal molestia del sector radicaría en la falta de criterios claros y normados al momento de ratificar la continuidad del personal, por lo que exigieron que cualquier proceso administrativo o de evaluación se ejecute con apego a la legalidad e imparcialidad institucional.
Ante este panorama, las y los educadores hicieron un llamado urgente a las direcciones estatal y nacional del CONAFE para que se instrumente una revisión objetiva del caso. Solicitaron:
Auditoría e investigación imparcial sobre la gestión de Sheila García Martínez.
Apertura de mesas de diálogo para escuchar de primera mano los testimonios de las personas afectadas.
Deslinde de responsabilidades e imposición de sanciones en caso de comprobarse las anomalías denunciadas.
Los inconformes concluyeron reiterando su compromiso con la niñez y las familias de la Sierra de Flores Magón, remarcando que garantizar el derecho a la educación en zonas de alta marginación solo es posible si se garantiza, primeramente, el respeto a los derechos y la dignidad de las y los educadores comunitarios.
